Trump lleva diez días amenazando en Truth Social con "borrar" Irán, bombardear su infraestructura civil y dejar el país "en la edad de piedra". La ONU, Amnistía Internacional y juristas internacionales lo han denunciado como incitación a crímenes de guerra. Y no va a pasar absolutamente nada. Por qué no es un fallo del derecho internacional: es su diseño original.
El 7 de abril de 2026, Donald Trump publicó en Truth Social un mensaje dirigido a Irán: "Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás". Era el ultimátum final antes de las 20:00 hora del Este para que Teherán reabriera el Estrecho de Ormuz. Dos días antes, había escrito que "Irán puede ser eliminado en una sola noche". Y a lo largo de la última semana ha amenazado con bombardear todas las plantas de energía iraníes, sus puentes, su infraestructura civil completa, y dejar al país "en la edad de piedra".
Cuando un periodista le preguntó en la Casa Blanca si le preocupaba estar cometiendo crímenes de guerra, Trump respondió con otra pregunta: "¿Qué es un crimen de guerra?". Y añadió: "El crimen de guerra es permitir que Irán tenga un arma nuclear".
Cualquier ciudadano español que publicara en X la décima parte de esos mensajes —contra cualquier país, contra cualquier colectivo— sería investigado por incitación al odio, apología del terrorismo o, en función del caso, amenazas. Trump no. Y la pregunta que la mayoría se hace es la equivocada.
La pregunta que circula en redes es "¿nadie está denunciando esto?". La respuesta es sí: la ONU, Amnistía Internacional, Irán en el Consejo de Seguridad y un puñado de juristas internacionales lo están denunciando con dureza. La pregunta correcta es otra: ¿por qué denunciarlo no produce ningún efecto?
Y la respuesta no es que el derecho internacional haya fallado. La respuesta es que el derecho internacional fue construido, en 1945 y en los años sucesivos, para que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial —Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China— quedaran fuera de su alcance. Trump no es una excepción al sistema. Trump es el sistema funcionando exactamente como sus arquitectos quisieron que funcionara.
"Bajo el derecho internacional, atacar deliberadamente civiles e infraestructura civil es un crimen de guerra. Cualquier persona responsable de crímenes internacionales debe rendir cuentas ante un tribunal competente."
— Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 6 de abril de 2026La frase clave de Türk es "un tribunal competente". Porque no existe ninguno con jurisdicción real sobre el presidente de Estados Unidos. Y eso no es un accidente.
Estados Unidos firmó el Estatuto de Roma —el tratado que crea la Corte Penal Internacional— en el año 2000, durante el mandato de Bill Clinton. Dos años después, la administración de George W. Bush lo retiró formalmente. En 2002, el Congreso aprobó la American Service-Members' Protection Act, conocida coloquialmente como "Hague Invasion Act": una ley que autoriza al presidente a usar "todos los medios necesarios y apropiados" para liberar a cualquier estadounidense detenido por la CPI. Literalmente: una ley que contempla invadir los Países Bajos.
La cifra del 0 no es por falta de candidatos. Vietnam, Irak, Afganistán, Guantánamo, los drones de Obama, las torturas de Bush. Ninguno acabó en un tribunal. No porque no hubiera pruebas. Porque el sistema no lo permite.
Para entender por qué Trump puede escribir lo que escribe sin consecuencias, hay que mirar tres capas que se refuerzan entre sí. Cada una, por separado, ya sería un blindaje. Las tres juntas convierten la denuncia en un gesto simbólico.
"El presidente goza de inmunidad absoluta frente a la persecución penal por actos cometidos dentro de sus competencias constitucionales fundamentales y, como mínimo, de inmunidad presunta por todos sus actos oficiales."
Primera muralla: la jurisdicción interna estadounidense no puede tocarle. La sentencia del Tribunal Supremo de 2024, dictada por mayoría conservadora 6-3, blindó al presidente frente a procesos penales por casi cualquier acto que realice en el ejercicio del cargo. Una orden militar entra dentro de esa categoría sin discusión.
Segunda muralla: la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses, porque Estados Unidos no es Estado parte del Estatuto de Roma. La CPI solo puede juzgar a nacionales de países firmantes o crímenes cometidos en territorio de países firmantes. Y aunque un fiscal de la CPI quisiera intentarlo, la Hague Invasion Act sigue vigente.
Tercer cerrojo: el Consejo de Seguridad de la ONU, que es el único órgano que podría remitir un caso a la CPI saltándose la jurisdicción nacional, requiere unanimidad de los cinco miembros permanentes. Estados Unidos tiene derecho de veto. Cualquier resolución que apuntara contra un presidente estadounidense sería bloqueada antes de salir de la sala.
En las dos últimas semanas, las declaraciones de Trump han generado una respuesta internacional inusualmente coordinada. Lo inusual no es la respuesta. Es lo poco que ha cambiado tras ella.
Margaret Donovan y Rachel VanLandingham, ambas exoficiales del cuerpo jurídico militar de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, publicaron un análisis advirtiendo de algo que no ha llegado a los titulares españoles: las amenazas de Trump colocan a los militares estadounidenses en una situación legal extremadamente delicada. Un militar que ejecute una orden de bombardear infraestructura civil estaría cometiendo un crimen de guerra, y la inmunidad presidencial no se extiende automáticamente a la cadena de mando. La inmunidad protege al jefe. No al soldado que aprieta el botón.
Gana. La amenaza es la herramienta. No necesita cumplirla para extraer concesiones. La inmunidad presidencial absoluta de 2024 le garantiza que nada de lo que escriba en Truth Social tendrá consecuencias judiciales. Es libre de llevar la retórica al extremo porque el coste personal es cero.
Pierde. Los oficiales en cadena de mando saben que ejecutar una orden manifiestamente ilegal —bombardear hospitales, redes eléctricas civiles, puentes sin valor militar— les expone personalmente a procesos en cortes marciales y, en teoría, a jurisdicciones extranjeras si viajan fuera de Estados Unidos. La inmunidad no baja de rango.
Pierden credibilidad cada vez que esto pasa. Türk denuncia, Amnistía denuncia, los relatores especiales denuncian. Y nada se mueve. Cada episodio refuerza la idea de que el derecho internacional es una recomendación cortés que solo se aplica a los países pequeños.
Pierde primero. 90 millones de personas que no han elegido al régimen ni han votado el cierre de Ormuz, viven con la amenaza explícita de que su red eléctrica, su agua potable y sus puentes son objetivos militares declarados por el presidente de la primera potencia mundial.
En posición incómoda. España ya denegó las bases de Rota y Morón para operaciones contra Irán y la Comisión Europea respaldó esa decisión. Pero ningún Estado miembro de la UE se ha atrevido a calificar formalmente las declaraciones de Trump como lo que el Alto Comisionado de la ONU ya ha dicho que son: incitación a crímenes internacionales.
Hay una lectura del mismo hecho que merece ser expuesta antes de cerrar, porque es la que sostienen juristas, diplomáticos y exfuncionarios que no son precisamente ingenuos ni cómplices.
La tesis es esta: el derecho internacional de posguerra no fue diseñado para castigar a las grandes potencias, fue diseñado para evitar que volvieran a destruirse entre sí. Y en esa tarea más modesta ha funcionado. Desde 1945 no ha habido guerra directa entre miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Ha habido guerras por delegación, invasiones de países pequeños, sanciones, amenazas — todo eso es cierto. Pero el escenario que los arquitectos de 1945 querían evitar (una tercera guerra mundial entre potencias nucleares) no ha ocurrido en ochenta años. Eso no es casualidad, sostienen: es el resultado de haber aceptado una asimetría incómoda a cambio de estabilidad global.
La segunda parte del contraargumento es aún más incómoda para el marco crítico: el derecho internacional, incluso con todos sus vetos y exclusiones, es el único instrumento que ha permitido sentar en un tribunal a Milošević, a Karadžić, a Ratko Mladić, a Omar al-Bashir, a Charles Taylor. Sin CPI no habría habido ninguno de esos procesos. Un sistema imperfecto que juzga a algunos es estrictamente superior a uno perfecto que no existe. Y la alternativa realista no es "un tribunal con jurisdicción sobre Estados Unidos": es ningún tribunal en absoluto, porque ninguna gran potencia aceptaría firmarlo.
El tercer matiz es estrictamente legal y lo plantean los propios juristas que critican a Trump: las amenazas publicadas en redes sociales, por muy incendiarias que sean, no son jurídicamente equivalentes a una orden militar. La incitación al crimen de guerra requiere, según el Estatuto de Roma, una conexión directa con un acto concreto. Mientras no haya bombardeo, la fiscalía de La Haya no tiene caso — aunque hubiera jurisdicción. Esa es una de las razones técnicas por las que las denuncias de la ONU no se traducen en procesos.
Nada de esto invalida la pregunta original del artículo. Pero sí matiza la respuesta: el sistema no es una farsa diseñada para exonerar. Es un compromiso imperfecto entre dos imposibles — un orden sin grandes potencias no existe, y un orden sin reglas tampoco sirve de nada.
La pregunta que queda no es si el derecho internacional está roto. Es si el equilibrio que aceptó en 1945 —estabilidad entre potencias a cambio de impunidad selectiva— sigue siendo defendible ochenta años después, cuando la amenaza se publica en tiempo real desde una red social y cualquier ciudadano puede leerla.
Los defensores del sistema dicen que sí: que el precio de la impunidad de los cinco es el precio de no repetir 1939, y que cambiar las reglas abriría un riesgo mayor del que cerraría. Los críticos dicen que no: que un orden legal que solo vincula a los débiles pierde legitimidad cada vez que un presidente escribe lo que Trump escribe sin consecuencias, y que esa erosión tiene también un precio.
La respuesta honesta es que no lo sabemos. Y que hasta que la sepamos, seguirá habiendo tuits como los de Trump y comunicados como los de Türk, ocupando dos mundos que nunca llegan a tocarse.
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