Sanciones a Irán: 45 años castigando al pueblo equivocado
Mientras el régimen iraní sigue enriqueciendo uranio al 60% y suministrando drones a Rusia, las sanciones internacionales han hundido en la pobreza a un tercio de la población civil. La pregunta que nadie responde: ¿a quién beneficia realmente este statu quo?
Ángulo e investigación humanos · Redacción asistida por IA · Responsabilidad editorial de La Intranoticia · Más info
45 años de sanciones a Irán sin que el régimen ceda en ninguno de sus objetivos declarados
Las sanciones internacionales contra Irán no son una respuesta reciente a la crisis nuclear. Llevan vigentes desde 1979, cuando la administración Carter congeló activos iraníes tras la Revolución Islámica. Desde entonces han sido ampliadas, endurecidas y reactivadas en múltiples ocasiones por Estados Unidos, la Unión Europea y el Consejo de Seguridad de la ONU.
Su objetivo declarado ha variado según el momento histórico: terrorismo, programa nuclear, apoyo a grupos armados regionales, suministro de drones a Rusia. En ningún caso se ha conseguido el objetivo declarado. Irán sigue enriqueciendo uranio, sigue financiando milicias y sigue exportando armamento.
¿A quién beneficia realmente este sistema?
Si las sanciones no funcionan para sus objetivos declarados, la pregunta pertinente no es cómo mejorarlas, sino quién tiene interés en mantenerlas. Y la respuesta es incómoda.
Compran petróleo iraní con descuentos de entre el 30% y el 40% sobre el precio de mercado.
Irán debilitado económicamente es un rival regional menos peligroso.
Los Guardianes de la Revolución controlan el mercado negro generado por las propias restricciones.
Sancionar transmite firmeza sin el coste humano de una intervención militar.
De la congelación de activos de 1979 a la reactivación europea de 2025
Por qué la presión económica castiga a la población sin doblegar al régimen
Las sanciones funcionan, en teoría, a través de un mecanismo de transmisión: la presión económica sobre la población genera presión interna sobre el régimen, que cede para aliviar el sufrimiento. En Irán, este mecanismo lleva 45 años sin activarse.
Lo que sí ha ocurrido es lo contrario: la ciudadanía iraní sufre inflación desbocada y un tercio de la población en pobreza, mientras el régimen utiliza ese sufrimiento como combustible para su narrativa del asedio exterior.
La mejor versión del argumento a favor de mantener las sanciones
Antes de cerrar conviene exponer con rigor los argumentos de quienes sostienen que las sanciones no solo son justificables sino imprescindibles, incluso aceptando parte de los datos del artículo. No es una posición marginal: es la que defienden la mayoría de los servicios de inteligencia europeos y una parte significativa de los expertos en no proliferación.
El primero es sobre qué significa "funcionar". Medir las sanciones por si han hecho caer al régimen iraní es medirlas por un objetivo que nunca fueron diseñadas para alcanzar por sí solas. Su función real es de contención: encarecer el programa nuclear, retrasarlo, limitar la capacidad de Irán de armar a sus proxies regionales y obligarle a negociar. Visto así, el récord no es cero. Sin sanciones, el enriquecimiento probablemente habría alcanzado el 90% (grado militar) hace años. Sin sanciones, Hezbolá y los hutíes tendrían arsenales considerablemente mayores. Contener no es ganar, pero tampoco es fracasar.
El segundo es sobre el JCPOA como prueba. El artículo lo menciona de pasada, pero merece detenerse: el acuerdo nuclear de 2015 fue posible precisamente porque las sanciones habían llevado la economía iraní al borde del colapso entre 2012 y 2015. Sin esa presión, Irán nunca se habría sentado a negociar. El problema de 2018 en adelante no fue que las sanciones no funcionaran, sino que Trump rompió unilateralmente un acuerdo que estaba funcionando. Eso es un argumento contra la incoherencia estratégica occidental, no contra las sanciones como instrumento.
El tercero es sobre la alternativa. Quienes critican las sanciones suelen no proponer sustituto. Las opciones reales son tres: sanciones (con sus costes humanos y su eficacia limitada), intervención militar (con costes humanos multiplicados por diez y un histórico catastrófico en la región), o apaciguamiento total (que equivale a aceptar un Irán con armas nucleares, un Hezbolá rearmado y un eje Moscú-Teherán-Pyongyang sin contrapeso). Llamar "incómoda" a la primera opción sin comparar honestamente con las otras dos distorsiona el debate.
Y el cuarto, sobre la responsabilidad del sufrimiento. La inflación desbocada y el 33% de pobreza en Irán no son solo consecuencia de las sanciones: son también consecuencia de décadas de corrupción, mala gestión económica y desvío de recursos del régimen hacia el programa nuclear, los misiles y las milicias en Líbano, Yemen y Siria. Atribuir todo el daño a Occidente exculpa a los Guardianes de la Revolución de decisiones que tomaron ellos. El régimen podría reducir la pobreza mañana: dejando de financiar a Hamás y aceptando el JCPOA. No lo hace.
Nada de esto invalida la pregunta central del artículo: si un sistema que no cumple su objetivo declarado se mantiene durante 45 años, es legítimo preguntarse a quién sirve. Pero el marco cambia: quizá el objetivo declarado nunca fue realista y el objetivo real —contener, retrasar, negociar desde la fuerza— sí se está cumpliendo con un coste humano que a Occidente le resulta aceptable porque no es el suyo.
Hay dos discusiones distintas aquí y conviene no confundirlas. La primera es sobre la eficacia: ¿las sanciones han conseguido detener el programa nuclear, frenar el apoyo a milicias o derribar al régimen? La respuesta honesta es que no, pero sí lo han ralentizado y encarecido. Quien defienda las sanciones con rigor no debería presentarlas como una solución; y quien las critique con rigor no debería presentar su alternativa como si no tuviera costes.
La segunda es sobre la legitimidad moral: ¿es aceptable mantener una política que empobrece a 30 millones de personas durante décadas para ralentizar un programa nuclear que sigue avanzando? Esa pregunta no se resuelve con datos, se resuelve con una jerarquía de valores. Priorizar la no proliferación sobre el bienestar de la población iraní es una elección política legítima. Priorizar el bienestar de la población iraní sobre el riesgo de un Irán nuclear también lo es. Fingir que no hay elección es la postura menos honesta.
Lo que sí es verificable —y es donde este artículo se sostiene— es que tanta gente gana con el statu quo (China comprando barato, Arabia Saudí con un rival débil, los Guardianes controlando el mercado negro, los gobiernos occidentales pareciendo firmes sin coste militar) que cuesta encontrar a alguien con incentivos reales para cambiarlo. ¿Qué tendría que ocurrir para romper ese equilibrio? ¿Un nuevo acuerdo tipo JCPOA con garantías esta vez? ¿Una crisis humanitaria lo bastante grave como para forzar una revisión? ¿O simplemente que uno de los beneficiarios actuales deje de ganar? Mientras no ocurra ninguna de las tres, el próximo aniversario redondo serán los 50 años de sanciones.