Mientras el régimen iraní sigue enriqueciendo uranio al 60% y suministrando drones a Rusia, las sanciones internacionales han hundido en la pobreza a un tercio de la población civil. La pregunta que nadie responde: ¿a quién beneficia realmente este statu quo?
45 años de sanciones sin que el régimen ceda en ninguno de sus objetivos declarados.
Las sanciones internacionales contra Irán no son una respuesta reciente a la crisis nuclear. Llevan vigentes desde 1979, cuando la administración Carter congeló activos iraníes tras la Revolución Islámica. Desde entonces han sido ampliadas, endurecidas y reactivadas en múltiples ocasiones por Estados Unidos, la Unión Europea y el Consejo de Seguridad de la ONU.
Su objetivo declarado ha variado según el momento histórico: terrorismo, programa nuclear, apoyo a grupos armados regionales, suministro de drones a Rusia. En ningún caso se ha conseguido. Irán sigue enriqueciendo uranio, sigue financiando milicias y sigue exportando armamento.
Si las sanciones no funcionan para sus objetivos declarados, la pregunta no es cómo mejorarlas. Es quién tiene interés en mantenerlas.
El planteamiento habitual da por sentado que las sanciones son un instrumento que falla y que solo necesita ajustes: más presión, mejores controles, cerrar las vías de elusión. Pero hay otra forma de leer 45 años de fracaso en los objetivos declarados. Si un instrumento no cumple su función oficial durante casi medio siglo y aun así se mantiene, quizá el problema no sea que falle, sino que cumple otra función distinta de la que se anuncia.
Las sanciones, en teoría, funcionan a través de un mecanismo de transmisión: la presión económica sobre la población genera presión interna sobre el régimen, que cede para aliviar el sufrimiento. En Irán, ese mecanismo lleva 45 años sin activarse. Lo que sí ocurre es lo contrario: la ciudadanía sufre inflación desbocada y pobreza masiva, mientras el régimen utiliza ese sufrimiento como combustible para su narrativa del asedio exterior.
Cuando una política produce sistemáticamente el resultado opuesto al que persigue y aun así nadie la retira, la pregunta pertinente cambia de naturaleza. Ya no es «¿cómo la arreglamos?», sino «¿a quién le conviene que siga exactamente así?». Y la respuesta, como se verá, es incómoda precisamente porque hay demasiados ganadores.
De la congelación de activos de 1979 a la reactivación europea de 2025.
EE.UU. impone las primeras sanciones tras la Revolución Islámica. Congelación de activos iraníes.
La UE se suma con sanciones severas. Exclusión de los bancos iraníes del sistema SWIFT.
Acuerdo nuclear JCPOA. El único momento en que la diplomacia funcionó. Duró tres años.
Trump abandona el JCPOA unilateralmente. El rial cae un 60%.
Francia, Alemania y Reino Unido reactivan las sanciones. Irán alcanza el 60% de enriquecimiento.
Protestas masivas en Irán por la crisis económica. La UE prorroga sus sanciones hasta julio de 2026.
Casi medio siglo de escalada y reactivación, con un único paréntesis —el JCPOA— en el que la diplomacia produjo resultados. Ese paréntesis, y por qué se cerró, será clave para entender los argumentos a favor y en contra del modelo.
Por qué la presión económica castiga a la población sin doblegar al régimen.
El mecanismo teórico es sencillo: la presión económica sobre la población genera presión interna sobre el régimen, que cede para aliviar el sufrimiento de los suyos. Es la lógica con la que se justifican las sanciones ante la opinión pública occidental. En Irán, ese mecanismo lleva 45 años sin activarse una sola vez.
Lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario. La ciudadanía iraní soporta una inflación desbocada y un tercio de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Pero ese sufrimiento, lejos de volverse contra el régimen, se convierte en su mejor herramienta de propaganda: la narrativa del asedio exterior, del enemigo occidental que quiere arrodillar al país, justifica cada penuria y desactiva la crítica interna.
Así, las sanciones producen un doble castigo sobre la misma víctima. Primero la económica: la población paga el precio material directo. Después la política: ese mismo precio se usa para blindar al régimen que dice combatir. Quien más pierde —el ciudadano iraní de a pie— es quien menos poder tiene para cambiar la situación, y su sufrimiento termina reforzando a quienes lo provocan desde dentro y desde fuera.
El mapa de intereses: por qué tanta gente gana con el statu quo.
China e India · Ganan
Compran petróleo iraní con descuentos de entre el 30% y el 40% sobre el precio de mercado. El aislamiento de Irán les garantiza un proveedor cautivo al que exprimir condiciones que ningún mercado abierto permitiría.
Arabia Saudí y el Golfo · Ganan
Un Irán debilitado económicamente es un rival regional menos peligroso. Las sanciones hacen por Riad lo que Riad no podría conseguir por sí misma: contener a su principal competidor por la hegemonía en Oriente Medio.
El propio régimen iraní · Gana
Los Guardianes de la Revolución controlan el mercado negro que generan las propias restricciones. La escasez crea rentas de monopolio que enriquecen a la élite que dice sufrir el asedio. Cuanto más cerrada la economía, más control sobre lo que entra y sale.
Los gobiernos occidentales · Ganan imagen
Sancionar transmite firmeza sin el coste humano y político de una intervención militar. Permite «hacer algo» visible ante la opinión pública sin arriesgar soldados ni presupuesto bélico. El gesto rinde políticamente aunque no funcione.
La población iraní · Pierde, y es la única
El tercio de la población en pobreza, los millones que sufren la inflación y la escasez. Es el único actor sin incentivo en el statu quo y, a la vez, el que menos capacidad tiene para romperlo. Paga el coste de un sistema diseñado para que todos los demás ganen.
La mejor versión del argumento a favor de mantener las sanciones.
Antes de cerrar conviene exponer con rigor los argumentos de quienes sostienen que las sanciones no solo son justificables sino imprescindibles, incluso aceptando parte de los datos del artículo. No es una posición marginal: es la que defienden la mayoría de los servicios de inteligencia europeos y buena parte de los expertos en no proliferación.
Qué significa «funcionar»
Medir las sanciones por si han hecho caer al régimen es medirlas por un objetivo que nunca fueron diseñadas para alcanzar solas. Su función real es de contención: encarecer el programa nuclear, retrasarlo, limitar la capacidad de armar a sus proxies y obligar a negociar. Sin sanciones, el enriquecimiento probablemente habría alcanzado el 90% (grado militar) hace años, y Hezbolá y los hutíes tendrían arsenales mayores. Contener no es ganar, pero tampoco es fracasar.
El JCPOA como prueba
El acuerdo nuclear de 2015 fue posible precisamente porque las sanciones habían llevado la economía iraní al borde del colapso entre 2012 y 2015. Sin esa presión, Irán nunca se habría sentado a negociar. El problema de 2018 no fue que las sanciones no funcionaran, sino que Trump rompió un acuerdo que sí funcionaba. Es un argumento contra la incoherencia occidental, no contra las sanciones.
La alternativa
Quienes critican las sanciones rara vez proponen sustituto. Las opciones reales son tres: sanciones (coste humano, eficacia limitada), intervención militar (coste humano multiplicado por diez y un histórico catastrófico) o apaciguamiento total (aceptar un Irán nuclear, un Hezbolá rearmado y un eje Moscú-Teherán-Pyongyang sin contrapeso). Llamar «incómoda» a la primera sin compararla con las otras dos distorsiona el debate.
La responsabilidad del sufrimiento
La inflación y el 33% de pobreza no son solo consecuencia de las sanciones: también lo son de décadas de corrupción, mala gestión y desvío de recursos del régimen hacia el programa nuclear, los misiles y las milicias en Líbano, Yemen y Siria. Atribuir todo el daño a Occidente exculpa a los Guardianes. El régimen podría reducir la pobreza mañana aceptando el JCPOA. No lo hace.
Nada de esto invalida la pregunta central: si un sistema que no cumple su objetivo declarado se mantiene 45 años, es legítimo preguntarse a quién sirve. Pero el marco cambia: quizá el objetivo declarado nunca fue realista, y el objetivo real —contener, retrasar, negociar desde la fuerza— sí se está cumpliendo, con un coste humano que a Occidente le resulta aceptable porque no es el suyo.
Dos discusiones distintas que conviene no confundir: la eficacia y la legitimidad moral.
La primera es sobre la eficacia: ¿las sanciones han conseguido detener el programa nuclear, frenar el apoyo a milicias o derribar al régimen? La respuesta honesta es que no, pero sí lo han ralentizado y encarecido. Quien defienda las sanciones con rigor no debería presentarlas como una solución; y quien las critique con rigor no debería presentar su alternativa como si no tuviera costes.
La segunda es sobre la legitimidad moral: ¿es aceptable mantener una política que empobrece a 30 millones de personas durante décadas para ralentizar un programa nuclear que sigue avanzando? Esa pregunta no se resuelve con datos, se resuelve con una jerarquía de valores. Priorizar la no proliferación sobre el bienestar de la población iraní es una elección política legítima. Priorizar lo contrario también lo es. Fingir que no hay elección es la postura menos honesta.
Lo que sí es verificable —y es donde este artículo se sostiene— es que tanta gente gana con el statu quo (China comprando barato, Arabia Saudí con un rival débil, los Guardianes controlando el mercado negro, los gobiernos occidentales pareciendo firmes sin coste militar) que cuesta encontrar a alguien con incentivos reales para cambiarlo.
¿Qué tendría que ocurrir para romper ese equilibrio? ¿Un nuevo acuerdo tipo JCPOA con garantías esta vez? ¿Una crisis humanitaria lo bastante grave como para forzar una revisión? ¿O simplemente que uno de los beneficiarios actuales deje de ganar?
Mientras no ocurra ninguna de las tres, el próximo aniversario redondo serán los 50 años de sanciones.