Mientras el régimen iraní sigue enriqueciendo uranio al 60% y suministrando drones a Rusia, las sanciones internacionales han hundido en la pobreza a un tercio de la población civil. La pregunta que nadie responde: ¿a quién beneficia realmente este statu quo?
Las sanciones internacionales contra Irán no son una respuesta reciente a la crisis nuclear. Llevan vigentes desde 1979, cuando la administración Carter congeló activos iraníes tras la Revolución Islámica. Desde entonces han sido ampliadas, endurecidas y reactivadas en múltiples ocasiones por Estados Unidos, la Unión Europea y el Consejo de Seguridad de la ONU.
Su objetivo declarado ha variado según el momento histórico: terrorismo, programa nuclear, apoyo a grupos armados regionales, suministro de drones a Rusia. En ningún caso se ha conseguido el objetivo declarado. Irán sigue enriqueciendo uranio, sigue financiando milicias y sigue exportando armamento.
Si las sanciones no funcionan para sus objetivos declarados, la pregunta pertinente no es cómo mejorarlas, sino quién tiene interés en mantenerlas. Y la respuesta es incómoda.
Compran petróleo iraní con descuentos de entre el 30% y el 40% sobre el precio de mercado. Las sanciones occidentales les han creado un proveedor energético barato, cautivo y políticamente dependiente de su benevolencia.
Irán debilitado económicamente es un rival regional menos peligroso. Las sanciones hacen el trabajo sucio de contener al principal competidor geopolítico de Arabia Saudí sin que Riad tenga que asumir el coste político de hacerlo directamente.
Los Guardianes de la Revolución controlan el mercado negro generado por las propias restricciones. El "asedio exterior" es la narrativa perfecta para justificar el control interno y reprimir la disidencia como acto de resistencia patriótica.
Sancionar transmite firmeza sin el coste humano de una intervención militar. Es posible "hacer algo" sin asumir ningún riesgo. Y cuando no funciona, siempre se puede imponer un paquete adicional.
Las sanciones funcionan, en teoría, a través de un mecanismo de transmisión: la presión económica sobre la población genera presión interna sobre el régimen, que cede para aliviar el sufrimiento. En Irán, este mecanismo lleva 45 años sin activarse.
Lo que sí ha ocurrido es lo contrario: la ciudadanía iraní sufre inflación desbocada y un tercio de la población en pobreza, mientras el régimen utiliza ese sufrimiento como combustible para su narrativa del asedio exterior. Los iraníes que salen a la calle pidiendo libertad son los mismos que pagan la factura de unas sanciones que Occidente presenta como un gesto de solidaridad hacia ellos.
La conclusión que nadie quiere sacar: el statu quo sancionador beneficia a demasiados actores poderosos como para que ninguno tenga incentivo real en cambiarlo. China e India tienen petróleo barato. Arabia Saudí tiene un rival debilitado. El régimen tiene una narrativa. Los gobiernos occidentales tienen la apariencia de actuar. Y el pueblo iraní paga la factura de todos ellos.
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