¿Es la regularización de 2026 la más permisiva de la historia?
España abre su séptima regularización extraordinaria desde 1986. Medio millón de personas pueden solicitar papeles hasta el 30 de junio. El PP la llama irresponsable catorce meses después de votar a favor de una ILP con el mismo fondo. Comparamos los siete procesos, BOE en mano.
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España lleva regularizando migrantes desde 1986. Esta es la séptima vez.
El 16 de abril de 2026 entró en vigor el Real Decreto 316/2026, que abre un proceso de regularización extraordinaria para aproximadamente 500.000 personas en situación irregular que ya viven en España. El plazo para presentar solicitudes cierra el 30 de junio. El debate político ha sido inmediato y ruidoso.
España ha hecho exactamente esto seis veces antes, con gobiernos del PSOE y del PP, desde 1986. La pregunta relevante no es si regularizar es una medida inédita o radical. Es si la de 2026 es diferente a las anteriores, en qué lo es, y si esas diferencias justifican la oposición que está recibiendo.
El historial que falta en el debate: PP y PSOE han regularizado juntos a más de un millón de personas
Bajo el gobierno de José María Aznar se regularizaron 503.447 personas en dos procesos entre 2000 y 2001, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Bajo Felipe González, 173.587 en tres procesos entre 1986 y 1996. Bajo José Luis Rodríguez Zapatero, 576.506 en 2005. No hay ningún gobierno democrático español que no haya recurrido a esta herramienta cuando la realidad social desbordó la burocracia.
El Partido Popular ha calificado la regularización de 2026 como "irresponsable, inhumana, injusta, insegura e insostenible." Esa misma posición choca con lo que el propio partido votó en el Congreso catorce meses antes.
"Hay un debate que debemos dar y debemos zanjar con los inmigrantes que viven en España y que trabajan en España pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Y esos pueden estar tranquilos."
— Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, abril de 2024En febrero de 2025, la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria llegó al Congreso con más de 700.000 firmas ciudadanas. La toma en consideración se aprobó con 310 votos a favor y 33 en contra. Los 33 en contra fueron únicamente los de Vox. El PP votó a favor. Feijóo declaró que los irregulares que trabajan "pueden estar tranquilos." En abril de 2026, con el decreto en vigor, el mismo partido calificaba la medida de amenaza para el Estado del bienestar.
Qué pedía cada regularización: la comparativa proceso a proceso
Para evaluar si la de 2026 es "la más permisiva de la historia" hay que comparar los requisitos reales de cada proceso. No los titulares. Los textos del BOE. Tres dimensiones permiten una comparación directa: cuánto tiempo mínimo llevabas en España, qué vínculo laboral se exigía y cómo se verificaban los antecedentes penales.
El recorrido, proceso a proceso, muestra una evolución clara de los requisitos: de la presencia pura sin vínculo laboral hasta modelos progresivamente más exigentes con el empleo y con los antecedentes penales.
1986 (González/PSOE) — LO 7/1985, DT 2ª. Presencia antes del 24/07/1985. Sin vínculo laboral exigido. Excluidos únicamente condenados por delito doloso con pena superior a un año y personas sin medios lícitos de vida. 38.294 regularizados.
1991 (González/PSOE) — Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de junio. Presencia antes del 15/05/1991. Vía A sin vínculo laboral si se acreditaba presencia desde 1985; Vía B con actividad laboral continua u oferta firme de empleo. 114.000 regularizados.
1996 (aprobada por González, ejecutada por Aznar) — RD 155/1996, DT 3ª. Presencia antes del 01/01/1996 y haber tenido permiso de trabajo o residencia en algún momento desde 1986. Aprobado en febrero de 1996 por el gobierno saliente; entró en vigor ya con Aznar en La Moncloa. 21.294 regularizados.
2000 (Aznar/PP) — RD 239/2000. Presencia antes del 01/06/1999 con permanencia continuada. Haber tenido o solicitado permiso en algún momento en los últimos tres años. Verificación de oficio del Registro Central de Penados español. 264.153 regularizados.
2001 (Aznar/PP) — RD 142/2001. Conocida como «regularización por arraigo». Desarrollaba la Disposición Transitoria Cuarta de la LO 8/2000. Exigía presencia en España antes del 01/01/2001 y acreditar arraigo (laboral, familiar o social). Unos 239.000 regularizados.
2005 (Zapatero/PSOE) — Orden PRE/140/2005, DT 3ª. Empadronado en España al menos seis meses antes del 07/02/2005. Contrato de trabajo firmado, con un mínimo de seis meses de duración. Era el empleador quien presentaba la solicitud, no el trabajador. Certificado de antecedentes penales del país de residencia en los últimos cinco años, exigido al solicitante. 576.506 regularizados.
2026 (Sánchez/PSOE) — RD 316/2026. Presencia antes del 01/01/2026 y cinco meses ininterrumpidos previos a la solicitud. Trabajo, oferta de empleo, unidad familiar o vulnerabilidad acreditada. Certificado de antecedentes del país de origen obligatorio; si no llega en un mes, el Estado lo gestiona por vía diplomática. Unos 500.000 solicitantes estimados.
La de 2005 sigue siendo la más exigente laboralmente: sin contrato firmado por un empleador, no había regularización posible. La de 1986 sigue siendo la más laxa en requisitos de entrada: solo bastaba demostrar presencia antes de julio de 1985. La de 2026 introduce una novedad que ningún proceso anterior contempló.
La vía de vulnerabilidad: nueva en la historia, pero no un sustituto de los demás requisitos
Ninguna regularización anterior contempló la "situación de vulnerabilidad" como vía de acceso. Es la principal novedad de 2026 y también el punto que más confusión genera en el debate público.
La pregunta que surge es lógica: si estar en situación irregular implica por definición precariedad, ¿no es vulnerable cualquier persona sin papeles? La respuesta del decreto es que no basta con estarlo — hay que acreditarlo. El informe de vulnerabilidad debe ser emitido y sellado por servicios sociales o por una entidad acreditada en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería. No es una declaración del propio solicitante.
Además, la vulnerabilidad es solo una alternativa al vínculo laboral — no sustituye los requisitos generales. Para acceder por cualquiera de las tres vías hay que cumplir igualmente: presencia en España antes del 01/01/2026, cinco meses ininterrumpidos de permanencia, documento identificativo y certificado de antecedentes penales.
"Las personas en situación administrativa irregular deberán acreditar, además [de los requisitos generales], uno de los siguientes tres supuestos: haber trabajado con contrato legal por cuenta ajena o propia en España; contar con una unidad familiar compuesta por hijos menores de edad, mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado; o acreditar su situación de vulnerabilidad."
Sobre los antecedentes penales, tanto la de 2005 como la de 2026 exigen certificado del país de residencia en los últimos cinco años. La diferencia está en el mecanismo de respaldo: en 2005, si el solicitante no presentaba el certificado en el plazo de subsanación, la solicitud podía quedar archivada. En 2026, cuando el solicitante acredita que no puede obtenerlo, la Administración prevé mecanismos de gestión y verificación complementaria, lo que redistribuye parte del peso probatorio respecto de procesos anteriores.
De 700.000 firmas ciudadanas a un decreto sin debate parlamentario
La regularización de 2026 no nació en un despacho ministerial. Tiene un origen ciudadano que el debate político actual ha dejado en segundo plano.
El cambio de posición del PP entre febrero de 2025 y abril de 2026 tiene una explicación que el partido no ha articulado con claridad en sus declaraciones públicas: el núcleo político de ambas iniciativas era similar — una regularización extraordinaria — pero la vía elegida es muy diferente. La ILP tenía debate parlamentario, enmiendas y posibilidad de negociación; el Real Decreto no pasó por el Congreso. Esa distinción — entre el qué y el cómo — es legítima. El problema es que ha quedado enterrada bajo declaraciones sobre delincuentes y mafias que no resisten la comparación con el historial del propio partido.
El mapa de intereses detrás de la regularización
Acceden a permiso de residencia y trabajo por un año, renovable. Pueden cotizar a la Seguridad Social, acceder a atención sanitaria y salir de la economía sumergida. El 42,9% del empleo creado desde la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, según datos del Ministerio de Inclusión publicados en abril de 2026.
Cada trabajador regularizado pasa a cotizar. La Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno (ONPE) advierte en un informe de 2025 que si los flujos migratorios cayeran un 30% en los próximos 50 años, España perdería nueve millones de trabajadores y el PIB caería un 22%.
Pierden la ventaja de contratar sin coste laboral completo. La regularización obliga a dar de alta a los trabajadores en la Seguridad Social, lo que encarece el coste para quienes se beneficiaban de la irregularidad.
Tiene que tramitar un volumen potencial de cientos de miles de expedientes antes del 30 de junio — 75 días. En 2005 el plazo fue de cuatro meses para 691.655 solicitudes. El Consejo de Estado alertó de los riesgos de gestión en su informe previo a la aprobación del decreto.
Consiguen el resultado que pedían, pero no por la vía que construyeron durante cinco años. El movimiento Regularización Ya y las 900 organizaciones que respaldaron la iniciativa ciudadana ven su propuesta sustituida por un decreto negociado entre dos partidos. El coordinador de la ILP, Jorge Serrano, lo describió como "una pena que esto, que venía batiendo récords de consenso, ahora se esté convirtiendo en un tema de división."
Paga coste reputacional por el viraje. Votó a favor de la toma en consideración de la ILP en febrero de 2025 con Feijóo afirmando que los irregulares que trabajan "pueden estar tranquilos"; en abril de 2026 califica la misma medida de "irresponsable, inhumana, injusta, insegura e insostenible". La distinción legítima entre apoyar una regularización tramitada en el Congreso y oponerse a la misma regularización aprobada por Real Decreto queda enterrada bajo un cambio de tono que el partido no ha articulado con claridad.
Quienes no cumplen los requisitos del decreto — llegados después del 01/01/2026, sin poder acreditar cinco meses ininterrumpidos de permanencia, sin documento identificativo válido — quedan fuera del proceso. El RD 316/2026 resuelve el caso de medio millón de personas pero no agota la bolsa de quienes viven en situación irregular en España. El 1 de julio muchos seguirán en el mismo limbo administrativo.
Lo que los críticos tienen razón en señalar
Exponer el historial no cierra el debate. Hay argumentos contra esta regularización que merecen ser tomados en serio, separados del ruido político.
El plazo es el más corto de la historia. 75 días para tramitar un volumen potencial de cientos de miles de expedientes. En 2005 se dieron cuatro meses para 691.655 solicitudes. El Consejo de Estado lo señaló expresamente en su informe previo. Si la administración no absorbe el volumen, miles de solicitudes quedarán sin resolver y generarán un limbo jurídico para los solicitantes.
La vía reglamentaria evitó el Congreso. La ILP había generado un consenso parlamentario sin precedentes — 310 votos a favor, solo Vox en contra. El Gobierno optó por un Real Decreto que modifica el Reglamento de Extranjería sin pasar por las Cortes. Una medida que afecta a 500.000 personas y a la política migratoria del país se negoció entre dos partidos en lugar de debatirse en sede parlamentaria.
La vía de vulnerabilidad tiene un margen de discrecionalidad. La norma no delimita con precisión quién puede y quién no puede recibir el informe de vulnerabilidad. La aplicación práctica dependerá de los criterios que apliquen los servicios sociales y las entidades colaboradoras acreditadas, que el decreto no fija de forma uniforme.
Estos son argumentos sobre cómo se ha hecho, no sobre si debía hacerse. La distinción importa porque mezclarlos con el argumento de los delincuentes y las mafias — que no resiste la comparación histórica — contamina un debate que, de otro modo, podría ser útil.
La pregunta que el debate político no está haciendo
España tiene medio millón de personas que llevan meses o años trabajando en su economía, pagando alquiler en sus ciudades y escolarizando a sus hijos en sus colegios — sin permiso legal para estar aquí. Esa es una realidad administrativa que ningún gobierno ha podido evitar que se acumule y que, llegado el momento, todos han tenido que resolver de la misma manera.
La de 2026 no es la más laxa de la historia — la de 1986 no exigía nada más que haber estado antes de julio de 1985, sin ningún vínculo laboral. Tampoco es la más exigente — la de 2005 requería un contrato firmado por un empleador como condición imprescindible. Es la primera que incluye la vulnerabilidad como vía alternativa al empleo y la primera que contempla un mecanismo diplomático de respaldo para obtener antecedentes penales cuando el país de origen no responde.
Lo que sí es inédito es la forma: un Real Decreto que aparca una ILP con 700.000 firmas y 310 votos parlamentarios a favor. El Gobierno tenía un amplio consenso a su disposición y eligió no usarlo. La pregunta que queda abierta no es si regularizar era necesario — el historial de cuarenta años responde eso. La pregunta es por qué, cuando por primera vez había base parlamentaria para hacerlo con debate, se eligió hacerlo sin él.
