La filtración como arma: cuando el sumario se convierte en titular
Alguien con acceso legal al sumario del caso Plus Ultra está filtrando de forma selectiva a los mismos medios, siempre en el momento de mayor impacto político. El juez Calama lo sabe, lo investiga, y sus propias medidas señalan el origen. Esto no es periodismo de fuentes. Es un sistema.
Ángulo e investigación humanos · Redacción asistida por IA · Responsabilidad editorial de La Intranoticia · Más info
Estábamos leyendo los titulares del miércoles cuando apareció el mensaje: "Me ha gustado Leire". Cuatro palabras. De un expresidente a su secretaria. Publicadas en portada como si fueran una confesión criminal.
Lo primero que nos preguntamos no fue qué significaba el mensaje. Fue algo más simple: ¿quién lo sacó del juzgado? ¿Y por qué ese mensaje, y no el contrato de los 200.000 euros?
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Filtrar una instrucción no requiere secreto de sumario para ser ilegal
En España, filtrar información de una instrucción judicial en curso no requiere secreto de sumario para ser ilegal. El deber de reserva externa existe independientemente: las partes pueden consultar las actuaciones, pero no divulgarlas. Lo dice la jurisprudencia. Lo dice el Código Penal en su artículo 417.
El caso Plus Ultra lleva instruido desde 2021 en la Audiencia Nacional. El juez José Luis Calama levantó el secreto de sumario el 19 de mayo de 2026, abriendo por primera vez el acceso a las defensas. Desde ese momento, las filtraciones se volvieron "constantes e inmediatas", en palabras del propio juez. El 17 de junio declaró Zapatero. Menos de 24 horas después, el audio íntegro de esa declaración circulaba en Okdiario, The Objective y COPE.
El juez había ordenado depositar los teléfonos antes de entrar a sala. Aun así, el material salió. Y el propio Calama ordenó investigarlo como posible delito.
Se filtra lo que daña, no lo que prueba
La pregunta no es si hubo filtración. El propio juez lo confirma y lo investiga. La pregunta es otra: de todo lo que hay en ese sumario — contratos, transferencias, comunicaciones con Bolivia, 1,95 millones de euros rastreados — ¿por qué sale "me ha gustado Leire"?
No es un dato judicial. No aporta prueba de tráfico de influencias. No acredita ningún cobro. Es un expresidente comentando con su secretaria una rueda de prensa que estaba viendo todo el país en directo. Lo mismo que hicieron millones de personas ese día.
Lo que sí hace ese mensaje es construir un relato: Zapatero coordinado con la fontanera del PSOE, Zapatero al tanto de las maniobras de Ferraz, Zapatero implicado en tapar causas judiciales. No como hecho probado. Como imagen. Como titular.
"Se trata de información que no guarda relación con el objeto de las investigaciones y que vulnera la privacidad y los derechos de las personas afectadas."
— Comunicado oficial del Gobierno de España, 24 de junio de 2026Eso tiene nombre en el derecho comparado: lawfare. El uso del sistema judicial no para obtener condenas, sino para generar daño reputacional y político. El juicio paralelo no necesita sentencia. Se celebra en portada.
Cuando un medio publica información de una instrucción judicial en curso, ¿qué está ejerciendo principalmente?
El derecho a informar existe. Pero no todos los usos de ese derecho son iguales. ¿Cuál describe mejor lo que ocurre en el caso Plus Ultra?
Constantes e inmediatas: las palabras del juez
Desde el 19 de mayo de 2026, fecha en que el juez Calama levantó el secreto de sumario, las filtraciones fueron, en palabras del propio magistrado, "constantes e inmediatas". No es una valoración del PSOE. Es el texto literal del auto judicial firmado el 25 de junio.
El episodio más grave: el informe policial 2910/26 de la UDEF fue difundido íntegramente por varios medios "poco después" de su publicación en el sistema Cloud del juzgado. Ese informe contenía, según Calama, "datos incompatibles con su publicación indiscriminada." Entre esos datos: los WhatsApp de Zapatero con su secretaria comentando una rueda de prensa.
La respuesta del juez es reveladora. Para frenar las filtraciones tomó tres medidas: crear una pieza de "información sensible" solo accesible al juzgado y la fiscalía, restringir las copias de grabaciones a las defensas, y — aquí está el dato — limitar el acceso al Cloud de las acusaciones populares a una sola: la agrupada bajo la dirección del Partido Popular.
El juez no señala a nadie. Pero sus medidas sí dicen algo: el origen del problema estaba entre quienes tenían acceso. Y después de restringirlo, solo queda uno.
Quién puede filtrar y cómo se hace
Para entender quién filtra hay que entender quién puede filtrar. El sistema Cloud de la Audiencia Nacional registra cada acceso: qué cuenta, qué documento, a qué hora. No es una caja negra. Es un log forense.
Cuando el secreto de sumario se levantó el 19 de mayo, el círculo de acceso se abrió a las partes personadas: defensas, fiscalía, y acusaciones populares. En el caso Plus Ultra había, según el propio auto de Calama, 15 investigados, 10 acusaciones populares, y 23 accesos habilitados entre procuradores y abogados.
Cada vez que un documento entraba al Cloud, salía a los medios. No con días de retraso. De forma inmediata. Eso descarta la filtración casual o el error. Apunta a alguien con acceso directo, motivación política clara y un canal establecido con determinados medios.
Los medios que publican son siempre los mismos: Okdiario, The Objective, Vozpopuli, COPE. Todos con línea editorial de oposición al Gobierno. Ninguno de centroizquierda ha publicado ni un solo documento del sumario. La filtración no es periodismo de fuentes. Es un canal unidireccional con destinatarios fijos.
Citados expresamente por el juez Calama en su auto del 25 de junio: revelación de actuaciones procesales secretas o de informaciones reservadas. El juez los señala como posible encaje penal de las filtraciones.
Cronología de un mecanismo que se repite
El caso Plus Ultra no es una anomalía. Es el último episodio de una secuencia.
En el caso Koldo, Okdiario publicó fragmentos de una entrevista a Koldo García días antes de su entrada en prisión provisional, y meses después hizo lo mismo con Ábalos. Mismo medio. Mismo timing: antes de que el investigado pudiera dar su versión ante el juez. En el caso Begoña Gómez, la investigación se inició a partir de una denuncia de Manos Limpias basada únicamente en recortes de prensa, uno de los cuales era información errónea que el propio medio rectificó posteriormente. El titular existió antes que la prueba.
El patrón tiene tres constantes. Primera: los documentos salen siempre hacia los mismos medios. Segunda: el timing es siempre el mismo — antes de declaraciones, antes de vistas, en momentos de máximo impacto político. Tercera: lo que se filtra nunca es la prueba jurídica más sólida. Es el detalle más dañino para la imagen.
Eso no es periodismo de fuentes. El periodismo de fuentes busca la verdad. Esto busca el titular. La diferencia no es sutil: una filtración que elige "me ha gustado Leire" sobre el contrato de los 200.000 euros no está informando. Está construyendo un personaje. Y cuando el mecanismo se repite, caso tras caso, medio tras medio, con la misma dirección y el mismo ritmo, deja de ser una coincidencia y empieza a tener forma de sistema.
El beneficiario nunca es el ciudadano
En toda filtración hay un beneficiario. Aquí hay varios, y ninguno es el ciudadano.
Ganan el único acceso que queda al Cloud tras las restricciones de Calama. Ganan el relato: cada filtración refuerza la narrativa de corrupción sistémica sin necesidad de sentencia. El daño reputacional es inmediato; la absolución, si llega, será un suelto en página par.
Ganan tráfico, relevancia y la condición de medio de referencia en casos judiciales de alto perfil. Cada primicia les consolida como canal privilegiado. El incentivo para seguir publicando es estructural: quien para, pierde la fuente.
Gana influencia sin riesgo visible. Nadie ha sido condenado por filtrar en esta causa. Nadie ha sido ni identificado. El sistema Cloud registra los accesos, pero la investigación ordenada por Calama lleva menos de 24 horas abierta.
Pierde en la opinión pública antes de que haya juicio oral. El "me ha gustado Leire" no es un delito. Pero ya forma parte de su imagen pública para siempre.
Pierde la posibilidad de formarse un juicio basado en hechos probados. Recibe el relato antes que la sentencia. Y cuando llegue la sentencia, el relato ya habrá ganado.
La versión honesta del otro lado
Hay una versión honesta del otro lado. Y merece ser expuesta con rigor antes de la conclusión.
El argumento más sólido a favor de publicar este material es constitucional: el artículo 20 de la Constitución protege la libertad de información, y el Tribunal Constitucional ha establecido de forma reiterada que los periodistas que difunden información procedente de actuaciones judiciales en curso no cometen delito cuando no han participado activamente en su obtención ilícita. Publicar no es ilegal. Nunca lo ha sido.
El segundo argumento es democrático: el control público sobre los poderosos no puede suspenderse por razones procesales. Zapatero fue presidente del Gobierno durante ocho años. Su relación con Bolivia, con Plus Ultra, con Leire Díez es un asunto de interés público legítimo. Un expresidente no tiene derecho a la misma privacidad que un ciudadano anónimo cuando sus actos afectan a decisiones de Estado.
El tercer argumento es práctico: si no hubiera filtraciones, tampoco habría escrutinio. La opacidad judicial en España es real. Los procesos se eternizan. Sin presión mediática, muchos casos desaparecen en el cajón de una secretaría. Las filtraciones, incómodas o no, han destapado en este país tramas que de otro modo habrían prescrito en silencio.
Son argumentos reales. No son desdeñables. Y cualquier análisis honesto sobre las filtraciones tiene que sostenerlos antes de rebatirlos. Lo que no resuelven es la pregunta central de este artículo: por qué se filtra "me ha gustado Leire" y no el contrato. Por qué siempre los mismos medios. Por qué siempre antes de las declaraciones. El derecho a informar no explica la selección. Y es la selección lo que delata el propósito.
El sistema no necesita reuniones secretas para funcionar
El juez Calama tardó cinco semanas en ordenar investigar las filtraciones. Cinco semanas en las que el sumario se leyó en portada cada vez que convenía. Cuando finalmente actuó, su solución fue reducir el acceso hasta dejar un solo punto de entrada. No lo dijo así. Pero sus medidas lo dicen por él.
En España, la corrupción política existe. Los casos del entorno del PSOE son reales, están documentados y merecen investigación rigurosa. Nadie en este artículo ha dicho lo contrario. Pero una cosa es investigar la corrupción y otra usar la investigación como arma. La diferencia no está en los hechos que se publican. Está en los que se eligen no publicar.
El lawfare no necesita mentiras. Le bastan las verdades incompletas. Un mensaje real, fuera de contexto, publicado en el momento exacto en que más daño hace, por un canal que nunca varía, hacia una audiencia ya predispuesta. No es una conspiración. Es un sistema. Y los sistemas no necesitan reuniones secretas para funcionar. Solo necesitan que cada parte haga lo que le conviene.
Cuando el juez que instruye una causa tiene que ordenar investigar quién filtra su propio sumario, algo ha fallado. La pregunta no es si Zapatero es culpable o inocente. Eso lo decidirá un tribunal. La pregunta es quién decidió que "me ha gustado Leire" era más importante que el contrato. Y por qué nadie se la está haciendo.