Las petroleras ganan 11,5 millones extra al día en España mientras el Gobierno te baja el IVA para que no lo notes
El petróleo sube un 55% por una guerra que España ha rechazado. El Gobierno baja impuestos. Las petroleras inflan márgenes y absorben la rebaja. FACUA denuncia, la CNMC investiga, Repsol sube un 26% en bolsa. ¿Quién paga la factura?
Ángulo e investigación humanos · Redacción asistida por IA · Responsabilidad editorial de La Intranoticia · Más info
Una guerra ajena, un surtidor propio
El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel bombardearon infraestructuras iraníes. Irán respondió cerrando el Estrecho de Ormuz, el paso marítimo por el que transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial. En un mes, el barril de Brent pasó de 70 dólares a un pico de 126. Una subida del 55% en apenas cuatro semanas.
España no ha participado en esta guerra. De hecho, vetó el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones contra Irán y cerró su espacio aéreo a los vuelos militares estadounidenses. Pero la gasolina en los surtidores españoles ha subido como si el conflicto se librara en la A-2.
Ese 5% es clave. España importa el grueso de su petróleo de Estados Unidos (15,2%), Brasil (13,6%) y México (12,3%). Oriente Medio representa apenas el 10,7% del total. No hay un problema de suministro real para España. Hay un problema de precio global. Y ahí es donde empieza lo que nadie cuenta.
Las petroleras podrían contener el precio. No quieren.
El petróleo cotiza en un mercado global. Cuando el Brent sube, sube para todos, independientemente de dónde venga tu crudo. Eso es un hecho. Pero hay otro hecho que se menciona menos: las petroleras no se limitan a trasladar la subida del crudo al surtidor. Están inflando los márgenes por encima de lo que justifica el coste real.
"El ascenso frenético del precio en las gasolineras no tiene ningún sentido."
— Propietario de una red de gasolineras española, al que las propias petroleras le venden el combustibleFACUA ha documentado que entre el 2 y el 6 de marzo se registró una subida media de 23 céntimos por litro en los surtidores españoles. Repsol encabeza la lista con un incremento de 16,5 céntimos en diésel. Le siguen Moeve (15,6 céntimos), BP (13,8) y Galp (13,0). La OCU ha denunciado la situación ante la CNMC.
La pregunta no es si el petróleo sube. La pregunta es por qué una empresa que gana miles de millones no puede asumir parte de esa subida durante un conflicto bélico que no han provocado sus clientes. ¿De verdad no pueden hacer un ejercicio de solidaridad y contener precios por una vez? La respuesta corta: pueden. No quieren.
Los beneficios extraordinarios del sector en cifras
Según un informe de Greenpeace, las compañías de combustibles fósiles están obteniendo 81,4 millones de euros diarios en ingresos adicionales solo en la Unión Europea. En un mes, más de 2.500 millones de euros extra.
En España, la cifra es de 11,5 millones de euros diarios en beneficios extraordinarios, lo que nos sitúa como el tercer mercado de la UE en este indicador, solo por detrás de Alemania y Francia.
Mientras las petroleras baten récords, la inflación sube al 3,3% en marzo, su nivel más alto en casi dos años, impulsada precisamente por los precios de los combustibles. El ciudadano paga más por llenar el depósito, más por la cesta de la compra (el transporte encarece todo), y más por la calefacción.
Cómo afecta la bajada del IVA al precio final del surtidor
El 20 de marzo, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 7/2026, un Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio dotado con 5.000 millones de euros. La medida estrella: bajar el IVA de los carburantes del 21% al 10%, lo que en teoría supone un ahorro de hasta 30 céntimos por litro.
"Reducción del tipo impositivo del IVA del 21% al 10% para carburantes, electricidad, gas natural, briquetas y pellets. Vigencia: 22 de marzo a 30 de junio de 2026."
En teoría, 20 euros de ahorro por depósito. En la práctica, FACUA ha denunciado que Repsol, Moeve y BP han aprovechado la bajada del IVA para subir sus precios base, absorbiendo parte de la rebaja fiscal. El ahorro que debía llegar al conductor se queda en los márgenes de las petroleras.
El Gobierno lo sabe. Por eso el decreto incluye un refuerzo de la supervisión de la CNMC sobre distribución de carburantes, con capacidad para recabar información adicional sobre precios, márgenes y grado de competencia. Pero supervisar no es intervenir. Y hasta ahora, ningún gobierno ha querido dar ese paso.
Del cierre de Ormuz al Real Decreto-ley 7/2026: cronología
El problema no es solo español. En toda Europa, el diésel ha subido un 20% de media, alcanzando los 2 euros por litro. Los almacenes de gas estaban al 30% de capacidad tras un invierno duro, y el cierre de Ormuz ha cortado el suministro de GNL catarí justo cuando más se necesitaba.
Los economistas proyectan una inflación media del 2,4% para 2026 en la eurozona, con un pico por encima del 3% en el segundo trimestre. El crecimiento se frena al 0,8%. El fantasma de la estanflación — precios altos con economía estancada — vuelve a planear sobre Europa.
El mapa de intereses
Ganan. Y mucho. Repsol sube un 26% en bolsa, lidera la subida de márgenes en diésel (16,5 ctm) y ofrece "descuentos" de hasta 40 céntimos que puede permitirse precisamente porque sus márgenes son históricos. El descuento es marketing; el beneficio, estructural.
Pierde ingresos fiscales (IVA del 21% al 10%) y destina 5.000 M€ en ayudas, pero no se atreve a intervenir los márgenes. Supervisa, estudia, encarga informes a la CNMC. No actúa. La solución real — topar márgenes — es políticamente costosa.
Pierden. Compran el combustible a las grandes petroleras al precio que estas fijan. No tienen margen para competir. Son los primeros en denunciar la situación y los últimos en poder hacer algo.
Pierde siempre. Paga más gasolina, más calefacción, más cesta de la compra. La rebaja fiscal que debería aliviarle se diluye en los márgenes de las petroleras. No ha elegido esta guerra. No ha votado este conflicto. Pero paga su factura.
La versión que los defensores del sector sostendrían
Hay una lectura del mismo episodio que los ejecutivos del sector, los economistas de energía y los reguladores europeos sostienen con argumentos técnicos que merecen ser escuchados antes de cerrar.
El primero es sobre la naturaleza del margen. Las petroleras no fijan el precio del crudo: lo fijan los mercados globales en función de la oferta, la demanda y la prima de riesgo geopolítico. Cuando el Brent sube un 55% en un mes por el cierre de Ormuz, las refinerías europeas compran más caro y venden más caro con un retraso de semanas. Parte del "margen extraordinario" que denuncian FACUA y Greenpeace es un efecto contable: comprar barato el stock anterior y venderlo al precio nuevo. No es manipulación: es cómo funciona cualquier inventario cuando el coste de reposición sube de golpe.
El segundo es sobre la función del beneficio extraordinario. La industria del refino europea lleva una década descapitalizándose: cierres de refinerías, márgenes negativos en 2020, inversión casi congelada. En el modelo de negocio del sector, los momentos de beneficio extraordinario son los que financian las inversiones en transición energética, hidrógeno verde y biocombustibles que los mismos críticos exigen. Gravar esos beneficios con un impuesto extraordinario tiene un precio: menos inversión en la descarbonización que Europa se ha comprometido a hacer.
El tercero es sobre el IVA. La bajada del IVA a los carburantes no es necesariamente un encubrimiento: es, técnicamente, una de las pocas herramientas fiscales que puede trasladar alivio al consumidor de forma inmediata sin atravesar meses de negociación parlamentaria. Los impuestos a beneficios caídos del cielo existen en España —el gravamen temporal a energéticas aprobado en 2022— pero recaudan a posteriori y no bajan los precios en el surtidor. Son instrumentos complementarios, no alternativas.
Y el cuarto, el más incómodo: el consumidor español paga menos por carburante que la media europea. En precio antes de impuestos, España está por debajo de Alemania, Francia, Italia y Países Bajos. La fiscalidad sobre carburantes en España es también más baja. La queja sobre el "sablazo" es real en términos de variación —sube rápido— pero no en términos de nivel absoluto comparado con el resto de la UE.
Nada de esto desmiente los datos del artículo. Pero sí matiza el marco: no es un cártel decidiendo exprimir al consumidor, es un mercado con inercias, compromisos de inversión y una estructura fiscal que el Gobierno no puede cambiar sin asumir costes políticos en otros frentes.
Los datos del artículo son reales: 11,5 millones de euros diarios de beneficio extraordinario en España, 81,4 millones en la UE, una rebaja del IVA que no ha llegado al surtidor, una inflación del 3,3%. Los contraargumentos del sector también lo son: inercia de inventarios, compromisos de inversión en transición, posición fiscal comparada con la UE.
La pregunta que queda abierta no es si las petroleras son culpables o inocentes. Es otra: ¿qué mecanismo tendría que funcionar en un mercado libre para que, ante una guerra ajena, el coste no recaiga casi íntegramente sobre el consumidor? La respuesta liberal ortodoxa es que el mercado se ajusta solo. La respuesta intervencionista es que los topes y los impuestos extraordinarios son necesarios. Ninguna de las dos está exenta de costes.
Lo único claro es esto: el Gobierno renuncia a intervenir porque le sale políticamente caro. Las petroleras maximizan márgenes porque legalmente pueden. Y entre esas dos decisiones racionales, cada ciudadano que llena el depósito paga la factura de una ambigüedad que nadie quiere resolver del todo.