La productividad ha crecido. La tecnología ha avanzado. Pero la jornada laboral máxima lleva 42 años congelada. El 10 de septiembre de 2025, el Congreso vetó la posibilidad de cambiarla. Vox, que dice representar a los que madrugan, votó en contra. Junts vetó para el resto de España lo que Cataluña ya aplica. Y 12,5 millones de trabajadores se quedaron sin 114 horas al año.
42 años con la misma jornada máxima, y un veto que impidió siquiera debatir el cambio.
En 1983 se fijó en España la jornada laboral máxima de 40 horas semanales. Desde entonces no se ha modificado. En esos 42 años, la productividad por trabajador se ha multiplicado, la digitalización ha eliminado tareas enteras y las máquinas hacen en minutos lo que antes llevaba días. La jornada máxima, sin embargo, sigue clavada donde estaba.
El 10 de septiembre de 2025, el Congreso tuvo la oportunidad de cambiarla: reducir la jornada legal de 40 a 37,5 horas semanales. No la rechazó tras debatirla. La vetó antes de empezar a discutirla. Y lo hizo con una mayoría inesperada: PP, Vox, Junts y UPN.
Si las máquinas trabajan más que nunca, ¿por qué nosotros seguimos igual?
En 1983, cuando se fijó la jornada de 40 horas, no existía internet, los ordenadores personales eran un lujo y la mayoría de los procesos productivos se hacían a mano. Desde entonces, la productividad por trabajador en España se ha multiplicado. La digitalización ha eliminado tareas enteras.
Sin embargo, las ganancias de esa productividad no han llegado a los trabajadores en forma de tiempo libre. Han llegado en forma de beneficios empresariales. El trabajador produce más que nunca y sigue trabajando las mismas horas que hace 42 años.
al año que la reducción a 37,5h habría devuelto a cada trabajador. Equivalen a casi 3 semanas adicionales de vida al año.
114 horas no es una cifra abstracta: es tiempo que el trabajador produce y que, en lugar de revertir en él, se queda en la cuenta de resultados. Esa es la brecha que la ley pretendía empezar a cerrar y que el veto dejó intacta.
La votación del 10 de septiembre: enmiendas a la totalidad y un debate que no llegó a abrirse.
PP, Vox y Junts presentaron cada uno una enmienda a la totalidad contra el proyecto de ley. Este mecanismo no rechaza una ley tras debatirla: la devuelve al Gobierno antes de que empiece cualquier discusión sobre su contenido, sus matices o sus enmiendas parciales. No hubo análisis del articulado, ni propuestas de mejora, ni negociación sobre pymes o convenios sectoriales. Las tres enmiendas se votaron conjuntamente como un bloque procedimental.
El resultado: 178 votos a favor del veto, 170 en contra. Una diferencia de ocho votos. La mayoría la formaron PP, Vox, Junts y UPN. En contra votaron PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, BNG y Podemos. La ley quedó devuelta al Gobierno sin entrar en tramitación.
«Es incomprensible que ustedes hoy ni siquiera permitan que se debata.»
— Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, pleno del 10 de septiembre de 2025
Vox dice defender a los que madrugan. Junts protege a las pymes catalanas. Ninguno de los dos argumentos aguanta.
El voto del PP es coherente con su posición histórica: reducir regulación, dejar la jornada a la negociación colectiva. No hay contradicción ahí. Donde sí la hay, documentada, es en Vox y en Junts.
Vox votó contra «la España que madruga» · Contradicción
Vox lleva años construyendo su identidad sobre un eslogan: «la España que madruga». Se presentan como el partido de los obreros, los polígonos, la gente que se levanta temprano. El 10 de septiembre, esa misma España tenía la oportunidad de recuperar 114 horas anuales. Vox votó en contra.
Junts vetó para España lo que Cataluña ya tiene · Palanca
El 43% de los convenios colectivos catalanes ya recoge una jornada inferior a 38,5 horas, y el 24,5% ya está por debajo de 37,5. La razón real del veto: Junts lo usó como palanca de negociación con el Gobierno en materias ajenas a la jornada laboral.
En ambos casos, el voto no se explica por lo que dicen defender, sino por otra cosa: identidad de marca en Vox, regateo parlamentario en Junts. La jornada laboral fue, para los dos, un instrumento, no el asunto.
El apoyo a la reducción de jornada, partido por partido: hasta sus propios votantes la querían.
Una encuesta de septiembre de 2025 preguntó a votantes de cada partido si apoyaban la reducción legal a 37,5 horas. El resultado deja en evidencia a quienes votaron el veto:
En los tres partidos que votaron el veto, la mayoría de sus propios votantes apoyaba la ley que sus diputados tumbaron. La distancia entre representantes y representados, rara vez tan medible, queda aquí en cifras.
«¿Cómo es posible que este partido se niegue a dar cauce a la voluntad, incluso, de sus propios electores?»
— Unai Sordo, secretario general de CCOO, 10 de septiembre de 2025
La versión que los defensores del veto sostendrían.
Hay argumentos económicos contra la reducción de jornada por ley que no son retórica empresarial y conviene exponer antes de cerrar.
El coste laboral unitario
Reducir de 40 a 37,5 horas manteniendo el salario equivale a subir el coste por hora cerca de un 6,7%. En sectores de márgenes estrechos —hostelería, pequeño comercio, agricultura, gran parte de las pymes— eso se traduce en precios más altos, menos contratación o ambas. El Banco de España y BBVA Research han publicado estimaciones que lo cuantifican.
La productividad
La productividad por hora en España sigue por debajo de la media de la UE-15. La lógica económica convencional dice que la reducción debería venir después de ganar productividad, no antes: si se reduce primero, el coste laboral unitario sube y afecta a la competitividad exportadora. Es el argumento de OCDE, Comisión Europea y buena parte del mainstream.
El precedente francés
Francia redujo la jornada a 35 horas en 2000. 25 años después, los estudios (OCDE, INSEE) arrojan resultados mixtos: mejora en calidad de vida autorreportada, pero efecto incierto sobre el empleo neto y necesidad de mecanismos de flexibilidad —cuentas de horas, anualización— que complicaron la gestión. No es el éxito rotundo que a veces se presenta.
La vía elegida
El 43% de los convenios catalanes ya están por debajo de 38,5 horas. Eso demuestra que la negociación colectiva sectorial funciona sin imponer por ley a una pyme extremeña las mismas condiciones que a una gran empresa de Barcelona. Es el argumento del PP y las patronales: no están contra reducir jornada, sino contra hacerlo por vía legal uniforme en lugar de sectorial negociada.
Nada de esto invalida los datos del artículo. La contradicción entre el discurso de Vox y su voto sigue ahí, y el 72% de apoyo entre votantes de Junts también. Pero matiza el marco: el veto no es solo cinismo político. Hay una discusión económica de fondo —coste laboral, productividad, sectorialización— que merecía ser parte del debate público que el Congreso justamente impidió tener.
No fue un rechazo razonado a una mala ley: fue un bloqueo que impidió el debate.
Lo que ocurrió el 10 de septiembre tiene dos lecturas, y ambas contienen parte de verdad. Por un lado, los datos de productividad, las contradicciones entre discurso y voto, y el 72% de apoyo entre votantes de Junts. Por otro, las dudas económicas reales sobre el impacto de una reducción legal uniforme en el tejido de pymes españolas.
La pregunta interesante no es si Vox o Junts actuaron con coherencia —no lo hicieron—, ni si la reducción de jornada es una buena idea —probablemente, en algún formato y con ciertos sectores, lo es—. La pregunta es por qué el sistema parlamentario español permite que una enmienda a la totalidad cierre un debate antes de que empiece.
Porque mientras eso siga siendo posible, el desacuerdo no se resolverá discutiendo: se resolverá con portazos. Y 12,5 millones de trabajadores seguirán esperando a que alguien se siente a hablar.
¿Cuántas leyes más se devolverán sin leer antes de que el problema deje de ser el qué se vota y pase a ser el cómo se impide votarlo?