España firma gastar el 5% en defensa y promete el 2,1%: quién miente, quién paga y quién cobra
España firmó en La Haya el compromiso del 5% del PIB en defensa. Ese mismo día, Sánchez dijo que gastaría el 2,1%. Mientras, 31.793 millones se adjudicaron a dedo en un solo año. El debate del porcentaje oculta la verdadera pregunta: adónde va el dinero.
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España firma el 5% y promete el 2,1%
El 25 de junio de 2025, en la cumbre de La Haya, los 32 países miembros de la OTAN firmaron un acuerdo histórico: elevar el gasto en defensa al 5% del PIB para 2035. La estructura pactada divide ese 5% en dos bloques: un 3,5% para capacidades militares y un 1,5% para ciberseguridad, infraestructura crítica y resiliencia civil.
Pedro Sánchez firmó el documento. Y acto seguido, en la rueda de prensa posterior, afirmó que España gastaría el 2,1%. "Ni más, ni menos." Calificó el 5% de "desproporcionado e innecesario" y aseguró que los técnicos del Ejército calculan que con el 2,1% se cumplen los compromisos.
No es una interpretación creativa. Es una contradicción en la misma jornada.
Quién gana con el gasto en defensa que ya hay
Antes de debatir si España debería gastar más o menos, conviene mirar adónde va el dinero que ya se gasta. En 2025, el Ministerio de Defensa adjudicó 31.793 millones de euros en contratos militares. Eso es 8 veces más que en 2024 y supera el acumulado de los 7 años anteriores.
La concentración es notable. Dos empresas acaparan el 70,8% del total.
8.108 millones de euros (25,5% del total). Lidera el ranking de adjudicaciones con contratos como el sistema de entrenamiento ITS-C por 2.600 millones.
7.611 millones (23,9%). Dominan los contratos de artillería autopropulsada: 4.554 millones sobre cadenas y 2.686 millones sobre ruedas. Indra en solitario suma otros 5.667 millones.
5.812 millones (18,3%). Modernización de fragatas F-100 (3.200M€) y construcción de las nuevas F-110.
28.000 millones de los 31.793 se adjudicaron sin concurso público. El 88% del gasto militar de 2025 eludió la competencia.
De 19.723 a 33.123 millones: el aumento del gasto de 2024 a 2025
España pasó de gastar 19.723 millones en defensa en 2024 (1,28% del PIB) a 33.123 millones en 2025 (2% del PIB). Un aumento de 10.471 millones en un solo año. El Gobierno lo presentó como cumplimiento del compromiso OTAN, adelantando cinco años el calendario previsto.
¿Adónde fueron esos 10.000 millones extra? El plan se dividió en seis bloques: condiciones laborales del Ejército, telecomunicaciones y ciberseguridad, nuevos instrumentos de defensa, Unidad Militar de Emergencias, misiones exteriores y ajustes de programas anteriores.
2024
19.723M€
1,28% del PIB
3.719M€ en contratos adjudicados
2025
33.123M€
2,0% del PIB
31.793M€ en contratos adjudicados
"El gasto en defensa se multiplicó por 8 en contratos adjudicados de un año a otro. ¿Estaban esos contratos ya negociados y solo faltaba el dinero, o se improvisó una inversión masiva para cumplir un número?"
Trump, Rutte y el espacio entre la firma y la realidad
La posición de España tiene tres frentes abiertos simultáneos.
El mapa de intereses
Gana siempre. Con el 2% ya recibieron 31.793 millones en un año. Con el 5% la cifra se dispararía. Airbus, Indra y Navantia son las principales beneficiarias de cualquier aumento presupuestario.
Pierde en cualquier escenario. Si sube al 5%, pierde votantes por recortes sociales. Si se queda en el 2,1%, pierde credibilidad internacional y se expone a represalias comerciales de EE.UU.
Pierde en cualquier escenario. O paga más impuestos para defensa, o asume el riesgo geopolítico de quedar aislado dentro de la Alianza. Nadie le preguntó.
Gana presionando. Cada país que sube su gasto es un contrato potencial para la industria militar americana. Y la amenaza de expulsión le da palanca comercial sobre España.
La versión que los defensores del 5% sostendrían
Antes de cerrar conviene exponer con rigor los argumentos de quienes defienden que el aumento del gasto —incluido el salto al 5%— no solo es razonable, sino urgente. No son cuatro eslóganes de Trump: son posiciones técnicas que sostienen think tanks europeos, gobiernos del este y buena parte del establishment de seguridad de la UE.
El primero es sobre la amenaza rusa. Desde la invasión de Ucrania en 2022, los servicios de inteligencia alemán, británico y de los países bálticos coinciden en que Rusia podría estar en condiciones de atacar a un miembro de la OTAN en un horizonte de 5 a 10 años. Polonia ya gasta más del 4% del PIB en defensa. Estonia, Letonia y Lituania superan el 3%. No es casualidad: son los países que miden la amenaza con el termómetro de tener a Rusia en la frontera. Desde esa óptica, el 2,1% español es el lujo de estar lejos.
El segundo es sobre la autonomía estratégica europea. Macron, Borrell y el propio informe Draghi han repetido durante años que Europa no puede seguir dependiendo de que Estados Unidos garantice su seguridad, precisamente porque un presidente como Trump puede retirar ese paraguas en cualquier momento. Subir el gasto no es rendirse a Washington: es justamente lo contrario, es construir la capacidad de defenderse sin él. Paradójicamente, el argumento más fuerte a favor del 5% lo está dando el propio Trump cada vez que amenaza con irse.
El tercero es sobre las capacidades duales. El 1,5% del acuerdo de La Haya no es gasto militar en sentido estricto: es ciberseguridad, infraestructura crítica, resiliencia ante catástrofes, logística, movilidad militar. En Francia, Suecia o Israel, el gasto en defensa financia investigación, industria de alta tecnología y empleos cualificados con retorno civil directo. No todo son tanques. Mirar el 5% como un sacrificio del gasto social ignora que una parte significativa es inversión industrial con efectos fuera del cuartel.
Y el cuarto, sobre el origen del porcentaje. El 5% no se lo inventó Trump: es la cifra a la que llegó Estados Unidos durante la Guerra Fría y la que Rutte ha defendido técnicamente como el mínimo para cerrar las brechas de capacidades detectadas por los planificadores de la OTAN (defensa aérea integrada, munición de largo alcance, stocks estratégicos). Si se acepta el diagnóstico —que esas brechas existen y son serias— el debate deja de ser moral y pasa a ser de calendario: no si subir, sino cuándo y cómo.
Nada de esto invalida los datos del artículo. El 88% adjudicado a dedo sigue siendo un problema, y la contradicción entre firmar el 5% y prometer el 2,1% también. Pero sí matiza el marco: el debate no es entre un Gobierno sensato y unos halcones americanos. Es entre dos diagnósticos legítimos del riesgo —uno que lo considera manejable con el 2%, otro que no— y entre dos visiones sobre cómo Europa debe pagar su propia seguridad.
Hay dos problemas distintos aquí y conviene no mezclarlos. El primero es el cómo: 31.793 millones adjudicados en un año, 88% a dedo, dos empresas acaparando el 70% del total. Ese problema no depende de si el porcentaje correcto es el 2%, el 3,5% o el 5%. Es un problema de control del gasto, de transparencia en la contratación pública y de competencia. Existe igual con cualquier cifra.
El segundo es el cuánto: si el 2,1% es suficiente para defender a España en el escenario europeo de 2035, o si hace falta acercarse al 3,5% que pide Rutte, o incluso al 5% firmado en La Haya. Esa es una discusión legítima, con argumentos sólidos en ambos lados, y no se resuelve llamando "halcones" a los que piden más ni "irresponsables" a los que piden menos.
Lo que sí es insostenible es la posición actual: firmar un compromiso vinculante en una cumbre por la mañana y desmentirlo en la rueda de prensa por la tarde. Eso no es prudencia estratégica ni ambigüedad calculada. Es sencillamente no querer pagar el coste político de ninguna de las dos opciones. Y mientras el debate público se ahoga en el porcentaje, los 28.000 millones adjudicados sin concurso del año pasado siguen sin tener dueño ni responsable. ¿Es posible tener la conversación seria sobre cuánto gastar sin haber resuelto antes la de cómo se está gastando ya?